La certificación ISO 37001 está ganando protagonismo en la contratación pública a escala global: cada vez más gobiernos contemplan exigirla como condición para que las empresas puedan trabajar con el Estado. El artículo parte de una realidad innegable —el soborno sigue siendo una de las formas de corrupción más extendidas entre organizaciones, como evidencian casos de repercusión mundial como el de Odebrecht o la FIFA— y explica cómo la norma ISO 37001, publicada por la ISO en 2016 con la participación de 59 países, ofrece a las organizaciones un sistema de gestión estructurado bajo el ciclo PHVA para prevenir, detectar y controlar el soborno de forma auditable y certificable. El foco del artículo se pone especialmente en la respuesta legislativa de varios países latinoamericanos: Chile ya cuenta con legislación específica en la materia (leyes 20393 y 21121), Perú lo hace a través de su Ley 30424, y Ecuador ha convertido la ISO 37001 en el documento de referencia para sus políticas anticorrupción, con el Gobierno llegando a anunciar que la certificación podría ser un requisito obligatorio para contratar con el sector público. La conclusión es clara: la ISO 37001 ha dejado de ser un estándar voluntario de nicho para convertirse en una herramienta estratégica que acredita transparencia, mejora la imagen competitiva y, en algunos mercados, ya determina el acceso a la contratación con las administraciones.